En momentos extraordinarios y de emergencia como el que estamos viviendo a causa del COVID-19 debemos recordar a muchas personas que hoy están en un limbo jurídico, las personas migrantes en situación administrativa irregular. Personas que trabajan, desde la economía sumergida en diversos sectores de nuestra estructura productiva, fundamentalmente en agricultura, servicio doméstico y otros servicios, algunas de ellas (casi 15.000 personas en toda España) viviendo en condiciones extremas en asentamientos chabolistas que es urgente erradicar, lejos de las poblaciones, carentes de agua corriente, electricidad, en condiciones que ningún ciudadano reconocería como propias de este país, como ya se encargó de señalar este mismo mes de febrero, el Relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos de Naciones Unidas, Philip Alston.
Las personas migrantes en situación irregular, durante esta pandemia, están viendo agravada su situación de vulnerabilidad, sin poder realizar el confinamiento, ni tener las medidas preventivas básicas de higiene por carecer de acceso al agua. También nos encontramos con la realidad de muchas mujeres inmigrantes que venían trabajando en servicio doméstico en economía sumergida, y que, con la declaración del estado de alarma, se han quedado sin ningún ingreso y sin poder acceder a las ayudas reguladas por el Gobierno de España. Esta encrucijada solo puede paliarse mediante la garantía de derechos mínimos de ciudadanía a estas personas para que puedan subsistir conforme dicta nuestro ordenamiento jurídico: mediante una autorización de trabajo y de residencia.
No solo son personas necesarias para reforzar pilares básicos de nuestra economía (agricultura y servicios), de nuestra sociedad (cuidados en el ámbito doméstico), sino que son, ante todo, personas, que requieren de un reconocimiento de su personalidad jurídica para operar como titulares de derechos y deberes en el Estado.
Tampoco podemos ignorar que las empresas agrícolas, como sector esencial, deben mantener su actividad para garantizar el abastecimiento de productos básicos en los supermercados, y que con las fronteras cerradas en los países en los que se realizaba la contratación en origen para la recolección en temporada alta, están necesitados, en el actual contexto, de incrementar sus plantillas para garantizar la recolección de las cosechas.
La situación de urgencia y excepcionalidad hace necesario realizar una regularización de personas migrantes indocumentadas en este país al amparo de la disposición adicional primera del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Dicha Ley permite cuando circunstancias de naturaleza económica, social o laboral lo aconsejen y en supuestos no regulados de especial relevancia, dictar, previa información y consulta a la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, instrucciones que determinen la concesión de autorizaciones de residencia temporal y/o trabajo, que podrán quedar vinculadas temporal, por ocupación laboral, o territorialmente en los términos que se fijen en aquéllas, o de autorizaciones de estancia, a propuesta de la Secretaría de Estado de Migraciones.
No podemos olvidar que, en estos momentos, la no regularización de estas personas implica el fomento de la ilegalidad en el empleo. Se nos avecina una crisis económica y social sin precedentes, y debemos disponer de todos los recursos humanos posibles para atender a las necesidades y retos que tendremos que afrontar juntos, una vez finalizada la pandemia.
Las personas en situación administrativa irregular no pueden salir del país, pero tampoco pueden obtener permisos en España, por lo que se ven obligadas a trabajar sin contrato. Se están favoreciendo situaciones de ilegalidad que tampoco benefician a los empleadores, ni al conjunto de nuestra sociedad. Personas regularizadas implica mayor cotización a la Seguridad Social, mayor capacidad recaudatoria de las administraciones, menor economía sumergida y, por lo tanto, mayor fondo de maniobra para afrontar los retos futuros.
Debemos recordar cómo en estos días estamos viendo que personas inmigrantes y refugiadas con formación en el ámbito sanitario, en algunos casos en situación administrativa irregular, se están ofreciendo para apoyar la atención a nivel sociosanitario, en un contexto de urgentes necesidades de mano de obra en estos sectores que no podemos cubrir. Un gesto que les honra, siendo una muestra de solidaridad con el país que les acoge.
No olvidemos la experiencia del proyecto Papyrus, desarrollado en el Cantón de Ginebra entre 2017 y 2018 en que se regularizaron casi 3.000 personas, lo que supuso un incremento del 44% en los salarios de estas personas, sobre el que venía recibiendo, y 5,7 millones de francos suizos de contribución a la Seguridad Social.
Firman y promueven #RegularizaciónHumanitaria
Asociación Acisi